Sala de Prensa

En el Afganistán, “debe reconstruirse el sistema judicial de manera que tienda un puente entre las instituciones de justicia modernas y tradicionales, proteja los derechos de los ciudadanos y fortalezca el estado de derecho, un paso fundamental para que el Afganistán se encamine con éxito hacia la transición política y el desarrollo”. Esta es la principal recomendación contenida en el Informe sobre Desarrollo Humano Nacional del Afganistán de 2007, presentado hoy por Hamid Karzai, Presidente del Afganistán, y Kemal Derviş, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Un puente entre la modernidad y la tradición: El estado de derecho y la búsqueda de la justicia es el segundo Informe sobre Desarrollo Humano Nacional del Afganistán. En el informe, respaldado por el Gobierno del Afganistán y el PNUD, aunque elaborado por un grupo de investigadores independientes, se examina la importancia del estado de derecho para el desarrollo humano del país. Se indican varias deficiencias graves de recursos humanos y materiales del sistema de justicia oficial y se formula un llamamiento a su fortalecimiento con miras a una solución de controversias más eficaz. En el informe se propicia el establecimiento de un “modelo híbrido de justicia afgana” con sistemas tradicionales de solución de controversias, las jirgas y shuras, que complementen el sistema de justicia oficial.

“Al analizar los retos del desarrollo humano y el estado de derecho, este informe propugna un enfoque audaz y creativo para el fortalecimiento de las instituciones judiciales en el Afganistán”, señaló el Presidente Karzai en la presentación. “Al tiempo que el Afganistán sigue empeñado en la observancia de los principios universales de derechos humanos y las leyes afganas, creemos que si el Estado y los órganos de justicia tradicionales trabajan juntos, los afganos podrán tener un mejor acceso a la justicia y al estado de derecho”.

El Afganistán ha adaptado los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados mundialmente, incluidos la reducción a la mitad del número de personas que viven en la pobreza extrema y el hambre, a nueve ODM afganos. Desde 2002, el país ha mantenido una tasa de crecimiento sostenida y probablemente alcance su objetivo sobre la pobreza para 2020. No obstante, las perspectivas son desalentadoras en relación con casi todos los demás objetivos. Unos 6,6 millones de afganos, es decir, una tercera parte, carecen de alimentos suficientes. Casi la mitad de la población se considera en situación de inseguridad alimentaria.

En cuanto a la representación política de la mujer, el país está en mejor situación que muchos de sus vecinos del Asia meridional ya que una cuarta parte de los escaños de la Cámara Baja de la Asamblea Nacional están reservados a mujeres.  No obstante, las diferencias salariales entre hombres y mujeres son enormes, y los hombres ganan cuatro veces más que las mujeres en promedio. Sólo el 12% de las mujeres saben leer y escribir, en comparación con el 32,4% de los hombres, y sólo el 23,5% de la población de 15 años o más sabe leer y escribir. Las injusticias cometidas contra las mujeres y los niños, tanto en lo que se refiere a la carencia de servicios básicos como a la atención de la salud y la educación, y la falta de medios de vida, así como los niveles elevados de violencia en el hogar y discriminación, son algunos de los principales retos para el logro de los objetivos de desarrollo del país.

Aunque se han hecho avances notables, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años y la proporción de mujeres que mueren durante el parto están entre las más altas del mundo. Menos de una de cada tres familias tiene acceso al agua potable y la cubierta forestal se ha reducido casi a la mitad desde 1978.

En 2004, el Gobierno del Afganistán estimó que el volumen de asistencia que se necesitaba para los siete años siguientes ascendería a 27.500 millones de dólares de los EE.UU., es decir, 168 dólares per cápita por año. Sin embargo, los desembolsos entre 2002 y 2005 estuvieron lejos de esa meta, y representaron aproximadamente 83 dólares per cápita por año. Desde 2006 hasta la fecha, los donantes han aportado o prometido contribuciones de 10 mil millones de dólares, sólo la mitad de lo que el Gobierno considera necesario para ejecutar su estrategia de desarrollo. Así pues, en el informe se insta a los donantes a cumplir sus promesas de contribuciones para las iniciativas del país por alcanzar los ODM.

 “Las conclusiones del Informe sobre Desarrollo Humano del Afganistán de 2007 revelan que, a pesar de varias décadas de guerra, el Afganistán ha hecho progresos tangibles en relación con algunas dimensiones fundamentales del desarrollo humano, así como con el logro de los objetivos de desarrollo del Afganistán”, afirmó el Sr. Derviş. “El espectro de la violencia y la incertidumbre se está disipando muy lentamente en el Afganistán, lo cual vuelve cada vez más urgente la necesidad de ampliar las perspectivas de vida y desarrollo humano a lo largo y a lo ancho del país”, agregó. 

En el informe se señala que la seguridad personal es uno de los principales obstáculos al logro de los objetivos del Afganistán. En 2006 únicamente, más de 4.400 afganos, incluidos 1.000 civiles, murieron en incidentes de violencia contra el Gobierno, el doble de los que perdieron la vida en 2005. Como se indica en el informe: “La seguridad es un requisito previo para el estado de derecho, que a su vez crea un clima propicio para el desarrollo humano. No obstante, el fortalecimiento del estado de derecho puede constituirse en un mecanismo importante para impulsar la libertad de las personas de ejercer sus opciones y afianzar su capacidad para vivir vidas significativas y saludables”.

En el informe se subraya la necesidad de la reconciliación, para poder abordar el tema de las violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado. Dos de cada tres afganos que respondieron a una encuesta afirmaron que ellos mismos o un miembro de sus familias habían sido víctimas directas de actos de injusticia y violaciones de derechos humanos en las dos últimas décadas. Las principales víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra fueron mujeres, niños y minorías étnicas y religiosas.

El creciente comercio de estupefacientes tiene graves consecuencias políticas y de seguridad nacional para la región. En 2006 el cultivo de la adormidera registró un brusco aumento del 61% y el Afganistán produjo el 90% del opio del mundo. Según el informe: “La economía basada en el opio es una fuente de corrupción y debilita las instituciones públicas, en particular las de los sectores de la seguridad y la justicia”. El informe también señala que si no se controla la corrupción generalizada en el Afganistán, ésta puede socavar los logros obtenidos hasta ahora, así como la legitimidad tanto del Gobierno como de la asistencia internacional. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2004 publicado por Transparency Internacional, el Afganistán ocupa el lugar 117 de 159 países. Se considera a los tribunales la institución más corrupta, seguida de los órganos administrativos del Gobierno. En el informe se señala que la corrupción generalizada menoscaba seriamente el estado de derecho.

Según el informe, los títulos de propiedad de la tierra y los derechos de propiedad seguros son otro obstáculo que impide el establecimiento del estado de derecho. El personal judicial está mal remunerado y muchos empleados carecen de competencias profesionales. Además, los componentes principales del sistema de justicia oficial no funcionan orgánicamente. Todos estos problemas impiden que el sistema de justicia del Afganistán sea eficiente y eficaz.

En los sistemas tradicionales se hace hincapié en la celeridad y la reconciliación con el objeto de reintegrar al delincuente en la comunidad. Los datos cualitativos de las encuestas de percepción realizadas a principios de este año que figuran en el informe muestran que los afganos consideran las jirgas y shuras más accesibles, más eficaces para hacer justicia, menos corruptas y más fiables que los tribunales oficiales. Las mujeres, en cambio, son las más perjudicadas tanto en los sistemas oficiales como tradicionales. Con frecuencia se les niega acceso equitativo e imparcial a la justicia y no se les permite interponer demandas. Los mecanismos tradicionales son todavía menos equitativos y se traducen en prácticas como la baad, que viola claramente los principios de derechos humanos mediante los matrimonios forzados.

Aunque se necesitan otros mecanismos de solución de controversias para fortalecer el incipiente sistema de justicia oficial, el informe también propugna enérgicamente el establecimiento de un órgano eficaz de vigilancia de los derechos humanos para que las decisiones adoptadas por las jirgas y shuras sean compatibles con los principios de derechos humanos y la Constitución del Afganistán.

En la Estrategia Nacional de Desarrollo del Afganistán, que se habrá ultimado para mediados de 2008 tras la celebración de una serie de consultas subnacionales en las 34 provincias, se reconoce que la buena gobernanza, la justicia y el estado de derecho son condiciones previas indispensables para el desarrollo y constituyen la base del gobierno legítimo, la protección de los derechos de los ciudadanos y una economía de mercado competitiva. En la Estrategia el Gobierno también se compromete a que todos los afganos tengan acceso a un sistema de justicia que funcione.

El Informe sobre Desarrollo Humano Nacional del Afganistán fue preparado con el respaldo del PNUD por un grupo de investigadores independientes encabezado por destacados analistas del Centro de Políticas y Desarrollo Humano de la Universidad de Kabul. El informe se basa en datos tanto primarios como secundarios (cualitativos y cuantitativos) y en consultas celebradas con ciudadanos corrientes de todo el Afganistán.